20MINUTOS.ES

  • El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid deberá decidir en las próximas horas si accede o rechaza la petición de Fomento de aplazar durante nueve meses el rescate. 
  • De no aceptar la propuesta, este sábado la R-3, la R-5 y la autopista de circunvalación de Alicante deberían cerrar al tráfico, dejando sin circular a unos 22.800 vehículos.
  • Un portavoz del Ministerio de Fomento ha señalado a este medio que confían en que las autopistas en quiebra “estén al servicio de los ciudadanos este sábado”. 

El posible cierre al tráfico de las autopistas radiales R-3 (Madrid-Arganda) y R-5 (Madrid-Navalcarnero) de Madrid y de la autopista de circunvalación de Alicante el próximo 1 de octubre sigue siendo una incógnita. El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid deberá decidir en las próximas si accede o rechaza a la petición del Ministerio de Fomento de aplazar durante nueve meses el rescate de las autopistas de pago quebradas. 

¿Cuál es la posición del Ministerio de Fomento?
Un portavoz del departamento que dirige en funciones Rafael Catalá ha señalado a 20minutos que confían en que las autopistas en quiebra “estén al servicio de los ciudadanos este sábado y muchos sábados más”. “Solo podemos decir que tenemos que esperar a lo que decida el juez”, añade.

¿Por qué ha pedido una prórroga?
Fomento dice que está dispuesto a asumir que esas infraestructuras de pago puedan seguir disponibles. Entre otras cosas, porque a medio plazo las autopistas serán viables, ya que los datos de utilización de la R-3 y la R-5 son de crecimiento. Pero ahora no es el momento debido a la inestabilidad política que vive el país con un gobierno en funciones. Se trata de ganar tiempo para buscar una solución en nueve meses.

¿Qué ocurrirá si la respuesta es negativa?
En teoría, el Gobierno debería acatar la resolución judicial y cerrar las autopistas, dejando así sin poder circular diariamente por estas vías a unos 22.800 vehículos—10.500 conductores toman la R-3, 7.300 la R-5  y 5.000 la circunvlación de Alicante—. Preguntado Fomento por este extremo, fuentes del ministerio se han limitado a afirmar: “No sabemos qué pasaría”.

¿Qué empresas están implicadas?
Las radiales R-3 y R-4 están controladas por Abertis, que tiene el 35% del capital de su sociedad concesionaria (Acesos de Madrid), en la que también participa Sacyr, con un 25%, y Bankia y ACS, con un 20% cada uno. De su lado, la circunvalación de Alicante (Ciralsa) está controlada por ACS, con un 50%, y por Abertis y Globalvia, con un 25% respectivamente.

¿Qué solicitan?
Las empresas acumulan pérdidas millonarias con este negocio fallido y no quieren dilatar más este asunto: pretenden que se cumpla lo que el juez ha dictaminado. Esto supondría que el Estado se hiciese cargo de las infraestruccturas y co­brar una compensación para poder pagar las deudas que arrastran con los bancos, que en el caso de estas tres autopistas ronda los 1.000 millones de euros.

¿Hay más autopistas en esta situación?
Sí hay en total ocho. La justicia ya liquidó la M-12 del Eje Aeropuerto y la AP-36 (Ocaña-La Roda), pero el Gobierno ha recurrido el fallo ante la Audiencia Provincial. Por su parte, la R-2 (Madrid-Guadalajara), R-4 (Madrid-Ocaña), la AP 41 (Madrid-Toledo) y la ap-7 (Cartagena-Vera) se encuentran en concurso de acreedores pendientes de su liquidación.

¿Se ha intentado antes solucionar este asunto?
La liquidación y posible cierre al tráfico de las vías tiene lugar después de que en la última legislatura el Gobierno y las concesionarias no lograran cerrar un acuerdo respecto al plan de rescate que había diseñado el Ministerio de Fomento. El plan, que el Gobierno considera vigente, pasa por que el Estado asuma las autopistas mediante la creación de una empresa nacional tras aplicar una quita del 50% en la deuda de unos 4.500 millones de euros que soportan.

¿Por qué han quebrado?
Hay varios factores para explicar cómo se ha llegado a esta situación. El fundamental es que las previsiones de tráfico fueron demasiado elevadas. En el caso de las cuatro radiales de Madrid proyectadas por el gobierno de José María Aznar (1996-2004) en colaboración con el expresidente regional Alberto Ruiz Gallardón (1995-2003), la caída del tráfico superó el 48% en 2014 respecto a los máximos registrados en 2007. Otros elementos que han contribuido al fracaso de estas autopistas fueron la crisis económica, los sobrecostes de su contrucción al haber tenido que pagar indemnizaciones por expropiaciones y la mejora o contrucción de carreteras alternativas. 

¿Cómo se financiaban las obras?
Con el fin de liberar recursos públicos, las administraciones idearon modelos de financiación alternativos con las autopistas de peaje. La idea era que las obras se llevaran a cabo con capital privado, que se compensaría con la concesión, por un periodo de años determinado, de la explotación de los peajes. Durante ese tiempo, serían las propias concesionarias las encargadas del mantenimiento y de los medios técnicos y humanos para tal responsabilidad.