El Congreso vota las medidas urgentes del Pacto contra la Violencia de Género con la duda de si habrá consenso

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    A. LARRAÑETA / AGENCIAS

    • El PP se opone a la fórmula del decreto-ley y a la modificación del Código Civil que permitiría a los menores recibir atención psicológica. Ciudadanos ha solicitado que se tramiten las medidas como Proyecto de Ley de urgencia.

    Las víctimas de violencia de género no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección social y jurídica si el Pleno del Congreso convalida este jueves el real decreto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

    Se trata de una de las medidas que contempla este real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

    Sin embargo, el difícil equilibrio de fuerzas del PSOE en el Congreso podría traer algún cambio en la sesión de este jueves. El Gobierno no cuenta, en principio, con el acuerdo del Partido Popular ni de Ciudadanos, que se oponen a que las medidas se tomen por decreto, aunque estaría haciendo esfuerzos para que la violencia de género siguiera siendo política de Estado.

    Por este motivo, la vicepresidenta Carmen Calvo planteó la semana pasada la posibilidad de tramitar en el Congreso el decreto como un Proyecto de Ley por la vía de urgencia, si así lo solicita algún grupo parlamentario y obtiene el respaldo de la Cámara.

    Este decreto contempla que los ayuntamientos vuelvan a tener competencias para promover la igualdad y la lucha contra la violencia de género con este nuevo texto, que además, “fortalece” la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas género.

    Además, pretende mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.

    Según informaron fuentes del Ministerio de la Presidencia, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

    El reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género.

    El real decreto también modifica el Código Civil para que los menores expuestos a violencia de género no requieran el permiso del maltratador para recibir atención psicológica. Algunos juristas han mostrado dudas sobre la constitucionalidad de modificar el Código Civil mediante un decreto ley. No así Jueces para la Democracia, que respaldó las medidas urgentes contra el maltrato.