El Gobierno coincide con la Autoridad Fiscal en que debe retrasarse un año la edad real de jubilación

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HÉCTOR M. GARRIDO

  • Actualmente esa edad asciende a 62,4 años y está muy por debajo de la edad legal de jubilación.
  • “Estamos de acuerdo con la autoridad en que hay que retrasar la edad real de jubilación”, explica Octavio Granado. 
  • La Autoridad Fiscal propone que el Estado asuma gastos de la Seguridad Social para eliminar el déficit del organismo.
  • OPINIÓN: ‘Tiki-taka’ fiscal.

El Gobierno ha recibido con media sonrisa  la opinión emitida por la AIReF el miércoles sobre la sostenibilidad futura de la Seguridad Social. Por un lado, niega que el déficit del 1,5% del sistema de pensiones sea algo estructural, como calificaba el organismo que fiscaliza las finanzas del estado, sino algo “coyuntural” debido a la devaluación salarial de los últimos años. Pero sí está de acuerdo con otros aspectos: sobre todo, el relativo al aumento de un año en la edad real de jubilación.

“Estamos de acuerdo con la autoridad en que hay que retrasar la edad real de jubilación“, ha explicado este viernes Octavio Granado, secretario general de la Seguridad Social. Actualmente esa edad asciende a 62,4 años y está muy por debajo de la edad legal de jubilación que alcanza ahora los 65,5 años y llegará a los 67, tal y como estableció la reforma del Gobierno socialista en 2011. En la media de los países de la OCDE, la edad efectiva alcanza los 64,3 años.

La Autoridad Fiscal pedía en su recomendación que se tomasen medidas que endurecieran los requisitos de acceso a la jubilación anticipada. El Gobierno no ve la propuesta con malos ojos pero matiza que la situación es “muy diversa” según cada colectivo. La única realidad, y así consta en los datos del ministerio de Trabajo, es que la mayoría de trabajadores se jubila con menos de 65 años.

“Hay clases pasivas, despedidos obligados a jubilarse a partir de los 55 años, los jubilados voluntarios a los 63 años…”, enumera Granado. “Tenemos que intentar retrasar la salida del mercado de trabajo en todos los colectivos, buscando formulas mas flexibles. Pero no somos partidarios de fijar edades mas altas de referencia para todo el mundo, como propone la AIReF”.

El Gobierno estima que una medida así debe ir acompañada de incentivos a la continuidad en el mercado de trabajo -como existen en Francia-, de fórmulas como la mochila austríaca y de la introducción de marcos flexibles entre actividad y jubilación. “Que una persona pueda cobrar jubilación a tiempo parcial y seguir manteniendo también un salario con horas recortadas”, dice Granado.

El impacto de las clases pasivas

El Ejecutivo realiza hincapié sobre las clases pasivas, una régimen al que están adheridos los funcionarios del Estado y que les permite jubilarse anticipadamente a los 60 años, con treinta años de cotización a sus espaldas. Según los cálculos que maneja el Gobierno, solo equiparando la cotización de estos trabajadores al Régimen General de la Seguridad Social, la edad efectiva de jubilación en España crecería ese año adicional que pide incrementar la AIReF en su informe.

Granado admite que, efectivamente, se debe “intentar retrasar la salida del mercado de trabajo en todos los colectivos, buscando formulas mas flexibles.”, pero no es partidario de fijar edades más altas de referencia para todo el mundo, como propone la Airef. Eso es lo que le va a transmitir en una reunión que se celebrará la próxima semana con los agentes sociales.

El organismo presidido por José Luis Escrivá también proponía aumentar los años considerados para calcular la prestación. La cifra ahora es de 20 años y avanzará a los 25 enlos próximos ejercicios. Pero la AIReF ve espacio para incrementarla a 35 años para el año 2027 y así ahorrar 0,5 puntos del PIB. El Ejecutivo también lo ve con buenos ojos. “Esta medida acercaría la legislación española a los estándares europeos y no debería producir efectos negativos”, comenta Granado.

Niega un problema estructural

Granado considera en términos generales que la opinión de la AIReF “es razonable y moderada” pero difiere en que exista un déficit eminentemente estructural. El exámen del organismo estimaba que existe un agujero del 1,5% del PIB (unos 17.000 millones)… y que es independiente de que la economía vaya bien o mal. Se debe al cambio demográfico, al envejecimiento de la población y a la necesidad de más inmigración para aumentar el número de cotizantes. 

“La percepción negativa que se tienen en algunos sectores de opinion publica sobre la inmigración, es equivocada”, considera el secretario de Estado de Seguridad Social. “Nuestra pirámide de población no va a corregirse de manera suficientemente rápida sin ella. Para que nuestro sistema de pensiones sea sostenible, España debe ser un país abierto. La propia Alemania tiene un plan para atraer a dos millones de trabajadores extranjeros al país”.

Ahí coincide. Pero es en la ‘estructrualidad’ del agujero en lo que discrepa. “Aunque los factores demográficos son indiscutibles, no somos tan rotundos al afirmar el carácter exclusivamente estrutural del gasto en pensiones“, dicen en el Ejecutivo. Según los cálculos del ministerio, de hecho, el gasto en pensiones ha crecido en la última década menos que en los años precedentes: de 1999 a 2008 lo hizo en un 6,6%, mientras que en la última decada, de 2008 a 2018, aumentó en un 4,3%.

La raíz del problema, dice el Gobierno, es de ingresos porque se han “desplomado las cotizaciones”. Y apunta como causa a la devaluación salarial y al incremento de las bonificaciones que se fomentaron con la reforma laboral que aprobó el PP con la idea de dinamizar el mercado laboral y crear puestos de trabajo. “La disminución de ingresos ha sido un componente muy acusado del incremento del déficit. Es imposible pagar buenas pensiones con malos salarios”, zanja Granado.