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Lidia P., ciudadana rusa, sintió un repentino latigazo en el costado. Estaba paseando por el Puerto Olímpico de Barcelona y se asustó. Llevaba una semana en la capital catalana visitando a unos familiares cuando, de repente, notó ese dolor agudo. Sintió pánico y pidió ayuda. Un taxista la llevó a las Urgencias del centro médico más cercano, el Hospital del Mar. Pero allí nadie la atendió. No si antes no pagaba 500 euros. Le pidieron su tarjeta de crédito y al ver que no funcionaba la mandaron a sacar dinero en efectivo del cajero más cercano. “No se atiende a rusos si antes no pagan y el coste del servicio de urgencias es mínimo de 500 euros”, le advirtió un administrativo.

No es la primera queja que recibe este centro hospitalario. El pasado junio unos turistas denunciaron que les habían intentado cobrar 5.000 euros por ingresar a su hijo de cuatro años, según publico ‘El Diario’. También se lamentó públicamente una italiana, Sabrina Pires, que estaba instalada en Barcelona y a quien le solicitaron 250 euros.

Todas esas circunstancias entran en contradicción con la legislación española, que obliga a la atención sanitaria urgente, aunque después se emita la factura correspondiente a quien carezca de la tarjeta sanitaria. Sin embargo, esta práctica, según denuncian varios afectados, siempre opera de ese modo porque su sistema de cobro lo lleva una intermediaria, ICPA, a la que se acusa de inflar “desmesuradamente” el montante de las minutas médicas. El Hospital del Mar reitera que ha pedido en varias ocasiones a la empresa concesionaria de los cobros que no pida dinero por adelantado antes de que se atienda a los pacientes. “Cualquiera debe ser atendido en primer lugar”, precisaban desde el centro.

Precios abusivos

La empresa ICPA ha ido viendo cómo distintos hospitales han ido rescindiendo sus contratos de manera unilateral con ellos (por ejemplo, los de Denia, Torrevieja o Manacor) por “la abusiva facturación fuera de los términos recogidos en el contrato. También han sido denunciados ante la Agencia Tributaria por no aplicar el IVA que les corresponde, que no es el de la prestación de los servicios médicos, sino puramente administrativos, aunque ellos arguyen que también ofrecen traducción y asesoramiento. Según cartas que ha podido comprobar El Confidencial, la Agencia Tributaria señala lo incorrecto de las citadas facturas. La empresa, fundada en 2008, ha negado reiteradamente estos abusos e incluso clama que sus tarifas están “por debajo de la media del sector”.

La compañía no solo gestiona los cobros del Hospital del Mar, también lo hace en el de Sant Pau, ambos en Barcelona. El origen de su relación contractual es el recurrente problema de los centros sanitarios españoles a la hora de reclamar las facturas a los ciudadanos que residen en el extranjero. Sin embargo, a diferencia de otras empresas que se dedican a lo mismo, IPCA compra al hospital los servicios que se prestan y luego los revende a los turistas por un precio mucho mayor.

Entre los extranjeros supuestamente afectados por esta situación estarían algunos de los miles de cruceristas que cada día llegan al puerto de Barcelona. El Hospital del Mar atiende a diario a más de 200 personas a través de sus Urgencias, muchas de ellas extranjeras. Algunos de los denunciantes de esta situación señalan a una posible connivencia entre los empleados de los barcos y las compañías.

Las aseguradoras privadas con quienes tienen firmadas sus pólizas los enfermos atendidos y cobrados, según sus denuncias, de manera abusiva, han sido quienes más han protestado contra ICPA. Ponen ejemplos en los que algunos pacientes han recibido facturas de más de 50.000 euros por servicios que están tasados en menos de 20.000. Sus reclamaciones ante la Unión Europea, especialmente de las inglesas, fue la causa por la que en 2013 se sancionó a España y se la conminó a clarificar las tarifas que se aplican a los ciudadanos comunitarios.





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