El Tránsito, los Gases Tóxicos, y el ruido en Santo Domingo

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Rey Díaz

Nadaorg22.@outlook.com

Santo Domingo Distrito Nacional.- La Autoridad Metropolitana de Transporte mejor conocida como AMET, incurre en muchos errores al dirigir el tráfico en la ciudad de Santo Domingo en forma inefectiva. En un recorrido por la ciudad pudimos notar el poco interés de la Autoridad Metropolitana de Transporte en dirigir efectivamente el paso vehicular en la ciudad primada de América, al irrespetar las luces de los semáforos durante las horas de mayor tráfico por la 27 de Febrero, la Lincoln, en el cruce entre las calles Charles De Gaulle, y Carretera Mella, así como también en las arterias de la Avenida George Washington y Máximo Gómez.

Aunque la ley dice que la Autoridad Metropolitana de Transporte debe dar prioridad a las ambulancias, la policía, o los bomberos. Sin embargo los agentes de la AMET hacen caso omiso a las sirenas de las ambulancias, o de la Policía Nacional, y aunque las luces de los semáforos cambien hasta tres veces de corrido, ellos siguen dirigiendo el tráfico antojadizamente, dando prioridad al paso vehicular de las arterias que cruzan la 27 de Febrero.

No parece haber un plan  efectivo en la conducción del tránsito en la ciudad de Santo Domingo, lo que origina la irritación de los conductores que se desplazan con sus vehículos por las diferentes arterias de esta ciudad.

La Policía Metropolitana de Transito AMET tiene a su cargo la dirección del tránsito de la ciudad más antigua de nuevo mundo. Pero a pesar de las nuevas carreteras, elevados, puentes peatonales, y subterráneos que han sido construidos para agilizar el tránsito, el congestionamiento vehicular en la ciudad de Santo Domingo sigue siendo un rompe cabezas en cualquiera de los cuatro puntos cardinales de la ciudad.

Esta situación resulta en un problema muy grave de resolver para las autoridades que dirigen el  transito así como también para los usuarios que tienen que desplazarse por todas las carreteras alternas que conectan la ciudad con los centros comerciales, oficinas públicas y centros urbanos.

Pero la mayor irritación de los conductores se agudiza cuando a distancia se ve la luz de un semáforo cambiar por tres ocasiones consecutivas sin que el tránsito avance una sola pulgada. Tanto en las horas de la mañana como también en la tarde, la adrenalina de los choferes se incrementa debido la intensidad del calor, ocasionado por el sol y la inmovilidad de los vehículos.

A esto se suma los niveles de ruido que producen las bocinas, las sirenas de las ambulancias y los vehículos pesados que a su vez emiten una gran dosis de monóxido de carbono que en algunos de los casos, especialmente entre los carros y vehículos pesados en mal estado, y que transitan por las vías públicas, debemos añadir a todo esto, el factor agravante de la contaminación ambiental que afecta la salud de las personas que no tienen otra alternativa que respirar el monóxido de carbono que emiten las chatarras que transitan por toda la ciudad.

El Congreso publicó la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial de la República Dominicana para reorganizar, regular y agilizar la calidad del tránsito en el país. El Congreso al sancionar esta ley y promulgarla pone en vigencia un instrumento para reorganizar el problema que tenemos hoy en el transporte dominicano. Además, esta nueva ley 63-17 deja atrás la ley de tránsito número 241 que fue promulgada el 28 de diciembre de 1967, que según el Congreso no resulta un instrumento normativo adecuado y actualizado para regular la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana. Al producir esta nueva ley de tránsito  se busca regular y mejorar el servicio del tránsito.

También está en vigencia la Ley General de Medio ambiente y recursos Naturales numero 64 -00  promulgada el 18 de Agosto del 2000 dice en su artículo 93 que la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaria de Estado de obras Publicas y los ayuntamientos, reglamentará el control de emisiones de gases y ruidos dañinos y contaminantes provocados por vehículos automotores, plantas eléctricas, otros motores de combustión interna, calderas y actividades industriales.

Pero aunque estas leyes existen, la implementación de las mismas por las oficinas llamadas a implementar las regularizaciones que eliminen  la emisión de gases tóxicos en todos los vehículos que transitan en el país es hora de iniciar tomando las medidas que conduzcan a una mejoraría considerablemente en la salud del pueblo.

De lo contrario, la salud de los dominicanos y las dominicanas se verá gravemente afectada y al final el Estado dominicano deberá invertir grandes sumas en el presupuesto de la nación para combatir el cáncer y otras enfermedades pulmonares que se derivan de la emisión e inhalación de gases tóxicos.

Las autoridades competentes, la sociedad médica y el gobierno dominicano en conjunto deben elaborar un plan de acción para ejercer un control que monitoree  los vehículos que emiten en gran proporción monóxido de carbono al transitar por la vía pública.

Estos tóxicos son controlados en muchos de los Estados de la unión americana que no permiten ningún vehículo circular por las vías públicas, a menos que pase el examen computarizado del motor al establecer normas de control para los motores que producen la emisión de los gases contaminantes.

La Autoridad Metropolitana de Tránsito debe ser empoderada por los organismos encargados de estas normas jurídicas para tener el control  de supervisar y sacar fuera de circulación los vehículos que transitan por la ciudad de Santo Domingo que no reúnen las condiciones para transitar por la vía pública  sin emitir ese humo negro que atenta contra la salud de los residentes que viven alrededor de las principales vías públicas, así como también se ven afectados los usuarios que tiene que suportar estos gases tóxicos todos los días.

Se hace propicio enfatizar aquí, que sin recurrir a medidas arbitrarias la Autoridad Metropolitana de Transito debe ser empoderada por las autoridades competentes para sacar fuera de circulación a cualquier vehículo que no cumpla con las leyes sanitarias en su emisión de gases tóxicos.

Es la salud de cerca de 4 millones de residentes que está en riesgo en la ciudad más contaminada del Caribe. Los sindicatos que aglutinan los distintos gremios de choferes del transporte público deben unirse en esta lucha porque si bien está en juego el sustento de las familias, los obreros y obreras que inhalan estos gases, en el peor de los casos ponen en riesgo la salud de todos y es la obligación de los dominicanos la solución salomónica a este gran problema que nos afecta a todos por igual.

Viarias semanas atrás las declaraciones de la señora Francesca de los Santos pudieran interpretarse como una nueva forma de implementar la nueva ley de tránsito la cual echaría a un lado los propietarios de vehículos que por su condición marginada no tiene los recursos para poner sus vehículos bajo los nuevos códigos de la ley.  

Ha dicho que la ley se aplicará teniendo en cuenta que no todos los conductores podrían cumplir con regulaciones estrictas, de manera que la Directora del INSTRANT “aplicará la ley con modulaciones, dado que existe mucha gente pobre que no podría cambiar su vehículo”. Es como si dijéramos, un pasito para adelante y dos para atrás.

La Ley No. 63-17 creó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como organismo rector, nacional y sectorial, encargado de cumplir y hacer cumplir la ley de tránsito y movilidad y sus reglamentos. Por el artículo 357 de la misma se disolvió la AMET y AMETRASAN.

En una de esas paradojas del legislador dominicano, “disolvió” la AMET pero a seguidas dice que pasarán a ser parte de la DIGESETT, lo cual es una evidente incongruencia, como todo lo que usualmente hace el Congreso de la Nación.

La novedad es que esta ley habla, aunque tímidamente, del problema de la contaminación ambiental, algo que la antigua ley 241-67 no hizo. Es así como el artículo 5.17 define: Emisiones contaminantes, como: Los gases, humos, partículas o ruidos producidos por un vehículo automotor, nocivos al medioambiente, de conformidad con las normas vigentes para el control de las emisiones de los vehículos.

Más adelante el artículo 191 nos dice que “Los conductores que transiten en las vías públicas con vehículos desprovistos del sistema de escape, en estado defectuoso o modificado, y cuyas emisiones contaminantes excedan los niveles permitidos por las normas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales serán sancionados con una multa de un (1) salario mínimo del que impere en el sector público centralizado y los puntos en la licencia determinados por el reglamento correspondiente. En caso de reincidencia serán sancionados con una multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado. Como puede observarse no es un disuasivo eficaz contra la contaminación vehicular, pero con buena voluntad las autoridades podrían hacer más eficiente las políticas y disposiciones legales sobre ese tema.

El proceso de conversión vehicular a otros tipos de combustibles para el cual no están diseñados solo podrá ser autorizado si cumplen con las normas de seguridad establecidas, así como del control de emisiones y gases.

Finalmente el artículo 324  dice que se sancionarán, en cada caso, con multas equivalentes a cinco (5) a diez (10) salarios del mínimo que impere en el sector público centralizado, además de las sanciones civiles y penales que pudieren corresponder, y las establecidas en la ley 63-17 y sus reglamentos: “La utilización de vehículos que no observen los valores límites de emisión de humo, gases contaminantes y material particulado.” Y el artículo 6. 7 consagra la protección del medioambiente, limitando el impacto negativo que sobre el mismo produce el funcionamiento y operación de los vehículos de motor.

Como puede verse hay una luz al final del túnel, aun sea en materia legislativa, pues aunque la realidad material indica otra cosa, aplicando combinadamente las leyes 63-17 y la 64-00 de medio ambiente, el gobierno podría revertir el daño a la salud que provocan las chatarras ambulantes que transitan en las calles de Santo Domingo.