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La Audiencia Nacional archiva la denuncia sobre la financiación de Podemos basada en informe PISA

La Audiencia Nacional archiva la denuncia sobre la financiación de Podemos basada en informe PISA

AGENCIAS

  • El juez lo desestima al carecer el presunto informe de membrete oficial.
  • Argumenta además que el mismo documento ya se utilizó en su día por Manos Limpias, por lo que es “cosa juzgada”.
  • La propia Fiscalía había pedido el archivo de la causa.

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha archivado la denuncia interpuesta por presunta financiación ilegal de Podemos con fondos de Venezuela o Irán recogida en el supuesto informe policial PISA (Pablo Iglesias sociedad anónima), al que no se ha dado crédito por carecer de membrete oficial.

En un auto, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular Eloy Velasco, además de desconfiar de la autenticidad de ese informe, recuerda que el Tribunal Supremo ya archivó una denuncia de Manos Limpias basada en ese mismo documento, por lo que tendría además el efecto de “cosa juzgada”.

Para rechazar su trámite, el juez también hace suya la argumentación que empleó el fiscal Miguel Ángel Carballo para reclamar el archivo de la denuncia contra Podemos, presentada en esta ocasión por la asociación Unión Cívica Española-Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (Ucesp).

En su informe, el fiscal desacreditó la denuncia al comprobar que se trataba de “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa” y que el “supuesto” informe PISA “carece de cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial”.

“La redacción de hechos carece de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba y estas carencias no pueden ser cubiertas con la actuación de oficio”, exponía Carballo.

Hizo también referencia a que el Tribunal Supremo archivó en abril una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias basada en ese mismo informe, supuestamente realizado por la UDEF de la Policía, pero que no está firmado por ningún agente.

El Supremo dijo entonces que la “mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos”.

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