La comisión de expertos rectifica y contará con mujeres para reformar los delitos sexuales tras La Manada

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    AMAYA LARRAÑETA

    • Tras la polémica generada, se incorporarán temporalmente expertas que “tendrán voz y voto”.
    • El Gobierno presentará en “semanas” una propuesta de reforma del Código Penal.
    • Las juezas españolas ven necesario revisar cómo se juzgan los delitos sexuales tras La Manada.

    El ministro de Justicia, Rafael Catalá, encargó el pasado viernes —solo unas horas después de que se dictara sentencia por el caso de La Manada— a la sección cuarta de la Comisión General de Codificación, la responsable del área de penal, el estudio de una reforma de los artículos relativos a los delitos sexuales en el Código Penal. Dicha sección la conforman una veintena de expertos y reputados juristas, entre los que no se cuenta ni una sola mujer, según han confirmado varios de sus miembros a 20minutos y según se puede leer en el listado que ha hecho público el Ministerio de Justicia este viernes.

    Sin embargo, ante la polémica generada, el presidente de dicha sección penal, Esteban Mestre, ha pedido permiso al ministro de Justicia para incorporar a mujeres juristas y expertas en esta materia. Posteriormente, Justicia ha confirmado en un comunicado que en esta comisión estarán vocales adscritas, mujeres juristas de reconocido prestigio que “por su especial competencia en la materia colaborarán de manera temporal en el trabajo” de dicha sección, en la que, añade, “tendrán voz y voto”.

    El grupo de expertos que revisará los delitos sexuales pertenece a la sección penal de la Comisión General de la Codificación, un órgano de asesoramiento del ministro de Justicia que sirve para la preparación de las tareas prelegislativas. La sección penal casi no ha tenido actividad en las últimas décadas. De hecho, es la que menos veces se ha reunido en su historia, y ello a pesar de que el Código Penal se ha reformado en al menos 31 ocasiones desde 1995. También es la única sección en la que no se detallaba hasta este viernes quiénes son sus miembros en la página web del ministerio (PDF), un fallo subsanado tras la aparición de estas noticias (PDF).

    El ministro Rafael Catalá quiso en 2015 impulsar la Comisión de Codificación como órgano asesor, después de 32 años en desuso, y nombró como presidente de la sección penal a Esteban Mestre Delgado, catedrático de derecho penal y profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. Últimamente está de actualidad por ser el abogado del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

    Mestre eligió a su vez en 2015 a ocho vocales. Además, su sección heredó a los miembros permanentes con cargo vitalicio, una docena, en su mayoría nombrados antes de 1983. Aunque a día de hoy todavía algunos no han podido ser localizados. Fuentes internas de la sección informan de que solo cuentan, entre los nuevos y los antiguos, con quince miembros contactados. Los restantes, explican, pueden estar ya retirados o incluso haber fallecido.

    La nueva sección, la emanada de 2015, tan solo ha sido convocada en pleno una sola vez, el verano pasado, y para la revisión técnica de un asunto referente al mercado de valores.

    En el grupo de expertos en penal hay catedráticos de distintas sensibilidades jurídicas, pero ninguna mujer, según su propio listado. Aspecto este que algunos miembros consultados consideraban, antes del anuncio de Esteban Mestre, que habría que subsanar de cara a afrontar las discusiones sobre el planteamiento de una reforma de los delitos sexuales propuesta tras el caso La Manada. Mientras que otros, por el contrario, no lo veían necesario. El más joven de los expertos que asesorarán al ministro de Justicia tiene 50 años.

    En relación a la tarea encomendada por Rafael Catalá después la polémica sentencia de La Manada, 20minutos ha sabido que la primera reunión que mantendrá la sección penal de la comisión tendrá lugar el próximo jueves 10 de mayo, y que los encuentros tendrán una periodicidad semanal, para que los vocales puedan perfilar y exponer sus ponencias. La sección realizará un estudio que concluirá el día 15. El ministro de Justicia aseguró que la reforma podría ser enviada a los grupos políticos “en semanas”. En la comisión se dan “de mes y medio a dos meses” para poder elevar su dictamen técnico, que simplemente es consultivo, no vinculante.

    En el fondo de la cuestión está dirimir si el articulado que desde 1995 tipifica los delitos contra la indemnidad sexual (acoso, abusos y agresión sexual) está convenientemente definido en el Código Penal español. Se discutirá sobre la tipificación, pero también se hablará de las penas y de las características delictivas.

    El debate está servido, puesto que según ha podido saber 20minutos, los criterios son dispares en el seno de la sección penal. Mientras unos califican los tipos delictivos, tal y como están resumidos, de “viejecitos” y por tanto susceptibles de cambios, otros consideran que “no es absurda la diferenciación entre los delitos sexuales tal y como está” en la actualidad.

    Tras hacerse pública la composición de la sección de penal de la comisión, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) tuiteaba: “Resulta inasumible desde el punto de vista ético político y jurídico que hombres (y solo hombres) realicen la propuesta que legisla principalmente sobre el cuerpo de las mujeres”.

    Equilibrar la presencia de mujeres y hombres

    El grupo parlamentario socialista tiene previsto registrar este viernes, precisamente, en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley para modificar los estatutos de la Comisión General de la Codificación con el fin de garantizar “de manera imperativa” la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de dicha comisión. El PSOE quiere que este asunto se debata en el seno de la comisión de Igualdad.

    Por su parte, Unidos Podemos también prepara una proposición no de ley en este sentido, para pedir que se cumpla la ley de igualdad, que dice que la Administración debe de ser paritaria. Para la formación morada, el Gobierno no solo incumple la ley nacional, sino las recomendaciones de la ONU que piden vigilancia ante “la ideología del derecho atravesada por el machismo”.