Economía

La Comisión y el Consejo de la UE 'chocan' por la prórroga dada a España para cumplir el déficit

La Comisión y el Consejo de la UE 'chocan' por la prórroga dada a España para cumplir el déficit

AGENCIAS

  • Los servicios jurídicos del Consejo no ven base legal para aprobar una prórroga a España sin pronunciarse antes sobre una multa por el déficit
  • La Comisión dice que debe tener en cuenta la “discreción política” y las “especificidades” de cada situación “mientras se garantiza la igualdad de trato”.
  • El Consejo está presidido por el polaco Tusk y la Comisión la dirige el luxemburgués Juncker, ambos miembros del Partido Popular Europeo.

Los servicios jurídicos del Consejo de la UE consideran que no existe base legal para aprobar por el momento una nueva prórroga para España y Portugal para cumplir con el objetivo de déficit, como propuso la Comisión Europea, al opinar que esta decisión debe tomarse bajo el procedimiento sobre déficit excesivo, lo que obligaría a pronunciarse también sobre una posible multa por el desvío de las cuentas públicas en 2015.

El pasado 18 de mayo la Comisión Europea —dirigida por el luxemburgués Jean Claude Juncker, del Partido Popular Europeo (PPE) — decidió aplazar hasta julio la decisión que debe tomar para iniciar el mecanismo de sanciones sobre España y Portugal, pero al mismo tiempo, recomendó aprobar una prórroga de un año extra, hasta 2017, para cumplir con el objetivo de reducir el déficit presupuestario por debajo del 3%.

Según la opinión legal del Consejo —presidido por el liberal-demócrata polaco Donald Tusk, también del PPE—  no existe una base legal que permita a los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) dar visto bueno al año extra en su reunión del 17 de junio si no se da un paso adelante bajo el procedimiento por déficit excesivo. Es decir, que primero debería decidir la Comisión en julio si hay multa… y después conceder (o no) ese año de prórroga a España.

Se alinea con las tesis de Alemania

De esta forma, los servicios legales del Consejo se alinean con la opinión de algunos ministros de Finanzas de la UE, entre ellos el alemán Wolfgang Schaeuble, que expresaron sus dudas sobre la legalidad de conceder un año extra a España y Portugal y a la vez aplazar decisiones bajo el procedimiento por déficit excesivo. Precisamente fue Alemania la que pidió su opinión jurídica a los abogados del Consejo Europeos.

Por su parte, el Ejecutivo comunitario ha reiterado este viernes que actúa “en el contexto de las reglas legales que rigen la gobernanza económica europea” y que a mediados de mayo decidió recomendar una directrices “precisas” para la política fiscal de España y Portugal que serán la base para las deliberaciones del Consejo “cuando decida abordarlas”.

“El vicepresidente (Valdis) Dombrovskis y el comisario (Pierre) Moscovici estuvieron aquí el 18 de mayo y dijeron claramente qué decidimos hacer con las recomendaciones específicas para cada país y que volveremos sobre ello a comienzos de julio. Esta es la posición de la Comisión”, ha subrayado el portavoz del Ejecutivo comunitario Margaritis Schinas.

Además, Schinas ha respondido a las críticas vertidas, entre otros, por el presidente del Eurogrupo y este semestre también del Ecofin, Jeroen Dijsselbloem, y ha defendido que la Comisión aplica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento conforme a las normas y teniendo en cuenta la “discreción política” y las “especificidades” de cada situación “mientras se garantiza la igualdad de trato”.

“La prórroga no está en cuestión”

El Gobierno español dice que la prórroga “no está en cuestión” y que los que se debate es un tema de procedimiento. “Lo que hacen los servicios jurídicos del Consejo Europeo es manifestar sus dudas de procedimiento pero no ponen en cuestión ni la senda concedida ni si habrá o no multa”, ha afirmado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros de este viernes.

Dar un nuevo paso en el procedimiento por déficit excesivo supondría certificar la “falta de acción efectiva” de España para cumplir con el objetivo de déficit el año pasado, que era del 4,2% mientras que el desfase final de la cuentas públicas fue del 5% (5,1% sumando la ayudas al sistema financiero). Esto supondría dar el primer paso para imponer una multa del 0,2% del PIB, unos 2.000 millones.

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