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Las entidades contra el canon digital ven en el fallo del TSJU un espaldarazo a la cultura

Las entidades contra el canon digital ven en el fallo del TSJU un espaldarazo a la cultura

EFE

  • La justicia europea ha tumbado la compensación a autores con cargo a los presupuestos del Estado que aprobó el Gobierno en 2012.
  • La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI) considera que esta “histórica” resolución defiende la propiedad intelectual.
  • EGEDA ha recordado que “el Estado tendrá que responder patrimonialmente por los perjuicios causados ante los titulares de derechos”.

Entidades que se opusieron al nuevo cálculo para la compensación por copia privada impulsado por el Gobierno han celebrado el fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TSJU) que dictamina que se opone a la directiva comunitaria sobre derechos de autor y lo ven como un espaldarazo a la cultura.

La máxima instancia judicial comunitaria entiende que el sistema español “no asegura que el coste de la compensación equitativa solo sea sufragado por los usuarios de copias privadas”.

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2012 en España, ya bajo el Gobierno liderado por Mariano Rajoy, sustituyó al canon anterior que había fijado el PSOE, y estipuló que la compensación por copia privada se sufragase con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI) considera “histórica” una resolución “en respuesta a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, que cuestionó el modelo impuesto por la Secretaría de Estado de Cultura como antes ya lo habían cuestionado el Consejo de Estado y el del Poder Judicial”, ha recordado en una nota.

Este fallo lo interpretan como “un espaldarazo a la defensa de la propiedad intelectual y a la cultura” y que confirma la tesis de las entidades de gestión sobre que el actual sistema español “crea inseguridad jurídica” y “perjudica notablemente a los ciudadanos”.

ADEPI reclama utilizar el modelo vigente en casi todos los países europeos y que, una vez invalidado el sistema actual, se compense “la enorme diferencia que existe entre el importe que se ha estado pagando y el que se debería haber pagado” y “alguien asuma la responsabilidad política de tener que pagar esa diferencia con dinero público en la actual situación económica”.

EGEDA también lo celebra

También ha celebrado la resolución del TSJU EGEDA —que recurrió esta forma de pago ante el Tribunal Supremo junto a Dama y Vegap— y ha recordado que “el Estado tendrá que responder patrimonialmente por los perjuicios causados ante los titulares de derechos”, una cantidad que calculan sobrepasa los 400 millones de euros.

“Esta sentencia reconoce el justo equilibrio de derechos que supone la copia privada: el de los productores, autores, actores, artistas plásticos, intérpretes autores literarios, a ser compensados justa y equitativamente, y a la vez permite a los usuarios realizar copias privadas de forma legal como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno”, ha indicado en una nota.

Su director, Rafael Sánchez, ha recordado que hasta 2012 en España el canon por copia privada lo pagaban las empresas tecnológicas, pero la Secretaría de Estado de Cultura decidió “de forma unilateral” que el canon fuese con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, “creando un impuesto indiscriminado para todos los españoles y aumentando el déficit público”.

Por ello considera que el fallo del Alto Tribunal Europeo no solo cuestiona el actual modelo sino también la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que, en materia de copia privada, contaba con el informe contrario del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, que advertían también de la falta de conformidad con la normativa de la Unión.

A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las demandas interpuestas por las entidades de gestión, “previsiblemente decretando la nulidad del sistema español tras la sentencia del TSJU”, Sánchez ha pedido al Gobierno que “ajuste la normativa a la legalidad lo antes posible” aunque, según ha reconocido, difícilmente será antes del inicio de la próxima legislatura.

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