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Los acusados del caso Adigsa buscan un pacto para admitir los hechos y rebajar las penas

Los acusados del caso Adigsa buscan un pacto para admitir los hechos y rebajar las penas

EP

  • Un error del tribunal obliga a aplazar el juicio, que comenzaba el próximo martes, dos semanas.
  • Podría juzgarse solamenta a uno de los siete acusados que no es partidario de pactar.
  • Cuatro cargos públicos y tres empresarios se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel.

La mayoría de los siete acusados del caso Adigsa de supuesto fraude en planes de vivienda de la empresa de la Generalitat buscan un pacto un pacto para admitir los hechos y rebajar las penas a las que se enfrentan este martes, día previsto para que empiece el juicio en la Audiencia de Barcelona, que se retrasa por esta razón.

Según han explicado fuentes judiciales, el mayor escollo es que uno de los acusados –José Antonio Salguero– es reacio al acuerdo, mientras que los otros seis están más abiertos, lo que podría provocar que sólo se juzgara al único que no pacte, mientras que el resto de librarían, admitiendo penas inferiores a las que pedía el fiscal inicialmente.

Cuatro cargos públicos y tres empresarios se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel por el presunto fraude cometido en 2003 con la gestión de planes de vivienda social para jóvenes promovidos por Adigsa.

La Fiscalía pide diez años de cárcel para el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y cinco para el supuesto falso técnico Jose María Penin; ambos, militantes de CDC.

Según el fiscal, Fontdevila impuso en la estructura de Adigsa la “extraña intervención” de Penin como supuesto técnico externo para decidir la adjudicación a empresarios de obras de rehabilitación en los pisos destinados a vivienda joven: las adjudicaciones se hacían a medida y se dilapidaban fondos públicos en beneficio de Penin y los empresarios acusados.

Los acusados establecieron un sistema de contratación paralelo para el plan joven de vivienda –encabezado por Penin y secundado por Sala y el jefe del área ténica de Adigsa, Jordi Huguet–, con el que supuestamente adjudicaban a dedo las obras a los empresarios acusados: José Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido, que se enfrentan a penas de cinco a año y medio de cárcel.

El juicio se aplaza dos semanas por un error

Un error del tribunal al no citar al representante legal de una empresa y la incomparecencia de un empresario –ambos como responsables civiles subsidiarios– ha obligado a aplazar el juicio del caso Adigsa, que debía comenzar este martes, para el martes 16 de mayo.

El juicio debía comenzar a las 10 de este martes, pero el inicio de la sesión se ha retrasado por el intento de búsqueda de un pacto por parte de los acusados para admitir los hechos con el fin de rebajar las penas.

Este es el caso al que se refirió en 2005 el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, cuando espetó en un pleno del Parlament al entonces líder de la oposición y de CDC, Artur Mas, que su partido tenía “un problema”, el 3%, aunque concretamente en esta causa no ha podido acreditarse que hubiese comisiones ilegales al partido.

Una vez en la sala este martes, el error del tribunal de la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona, que preside Joan Francesc Uría, ha obligado a posponer la sesión al 16 de mayo, cuando deberá de confirmarse el pacto que buscan buena parte de los acusados.

El mayor escollo para el pacto es que uno de los acusados –José Antonio Salguero– es reacio al acuerdo, mientras que los otros seis están más abiertos, lo que podría provocar que sólo se juzgara al único que no pacte, mientras que el resto de librarían, admitiendo penas inferiores a las que pedía el fiscal inicialmente.

Cuatro cargos públicos y tres empresarios se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel por el presunto fraude cometido en 2003 con la gestión de planes de vivienda social para jóvenes promovidos por la empresa pública Adigsa.

Adjudicaciones irregulares

La Fiscalía pide diez años de cárcel para el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y cinco para el supuesto falso técnico Jose María Penin; ambos, militantes de CDC.

Según el fiscal, Fontdevila impuso en la estructura de Adigsa la “extraña intervención” de Penin como supuesto técnico externo para decidir la adjudicación a empresarios de obras de rehabilitación en los pisos destinados a vivienda joven: las adjudicaciones se hacían a medida y se dilapidaban fondos públicos en beneficio de Penin y los empresarios acusados.

Los acusados establecieron un sistema de contratación paralelo para el plan joven de vivienda –encabezado por Penin y secundado por  un encargado de Adigsa, Xavier Sala, y el jefe del área técnica de Adigsa, Jordi Huguet–, con el que supuestamente adjudicaban a dedo las obras a los empresarios acusados: José Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido, que se enfrentan a penas de cinco a año y medio de cárcel.

Posible pacto con la fiscalía

Los acusados que se acojan al hipotético pacto tendrían que reconocer los hechos de los que se les acusa y pagar el dinero con el que se quedaron irregularmente. A cambio, la fiscalía rebajaría sustancialmente las penas, que podrían permitirles no entrar en prisión.

A pesar de la rebaja, el empresario Salguero no acepta la propuesta porque considera que él fue “víctima” de las comisiones. Si todos los acusados aceptan el acuerdo menos él, el juicio será más corto y solamente se les practicarán las pruebas que haya solicitado su defensa.

Su abogado, Gorka Nart, ha explicado que Salguero, después de “destapar” el caso hace 15 años, quiere que “se haga justicia” y no acepta el relato de los hechos de la fiscalía, que ya tuvo en cuenta el atenuante de confesión.

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