Patatas a 0,15 euros que llegan a 1,25 a las tiendas: "La subida de unos céntimos puede pasar de la ruina a la rentabilidad"

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Los agricultores y ganaderos de España han salido a las calles para reclamar unos precios justos para los productores y combatir los elevados costes de producción. Ponen el foco en cómo se multiplican o se triplican los precios de los productos ganaderos y agrarios cuando llegan a las estanterías de los comercios, a pesar de que ellos siguen vendiendo sus productos a precios muy bajos con costes al alza. Las asociaciones explican que no quieren que «se duplique o se tripliquen los precios en el campo». «La subida, en ocasiones, de unos céntimos puede pasar de la ruina a la rentabilidad».

Según indica el último Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) elaborado este enero, el precio, por ejemplo, de la patata es de 0,17 euros por kilo en origen y se vende en destino a una media de 1,25 euros. Esto supone que costaron en las tiendas 7,35 veces más que el precio pagado a los agricultores en el campo. Esto hace que el precio se dispare un 632% del campo a la mesa.

El IPOD lo realiza la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) mensualmente desde hace más de diez años, cuentan técnicos de la asociación COAG a 20minutos. El índice lo acabó haciendo COAG porque antes existía un Observatorio de la Cadena Alimentaria, que en un momento dado desaparece. «Lo eliminó el Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Rajoy», dicen. Ante esta supresión, las asociaciones de agricultores y ganaderos y las de consumidores empezaron a elaborar informes, por así decirlo, no oficiales, del índice de precio de origen y destino», explica Diego Yuste, portavoz de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Los pasos que hay en la cadena alimentaria para que pase de un precio en el campo (0,17 euros) a otro mucho mayor en la tienda (1,25 euros) son muchos y aportan un valor. «El agricultor lleva el producto a la cooperativa y ahí ese producto se limpia, se calibra, hay distintos tipos de calibre para ver si tiene algún pequeño daño o no», señala el técnico de COAG que realiza el IPOD. Esta selección y calibraje tienen sus costes. Después, «todos los productos se llevan a mercados más lejanos». El transporte requiere «una refrigeración, almacenaje, etc. Finalmente, la distribución lo pone en «sus lineales, o la tienda del barrio lo va a comprar en Mercamadrid».

Todo este proceso tiene unos costes que tienen que estar reflejados en el precio final. «No sería normal tampoco que el consumidor llegara y comprara la patata a un precio un poquito mayor al que ha vendido el agricultor o ganadero», argumenta.

Señalan que estos costes son «necesarios», pero son cada vez más caros. Sin embargo, lo que no es imprescindible es que haya unos eslabones como, por ejemplo, «un corredor que lo único que hace es comprar un determinado producto en un sitio y venderlo diez minutos más tarde en otro». Este actor no aporta ningún valor y, además, «a lo mejor está especulando con el producto».

Sin embargo, no es el único que podría entrar en la cadena alimentaria sin aportar. Existe la circunstancia, según asegura COAG, de que en uno de «los eslabones», las grandes industrias o las cadenas de distribución, «al tener mucho poder decidan cargar más el margen y lo vendan a un 20% o 25% para ganar más». La coordinadora agraria considera que esto no es razonable.

Por último, destacan que lo que es especialmente relevante en su sector es que la «cadena no se hace del agricultor al consumidor, sino al revés». «Ven a cuánto está dispuesta la gente a pagar por unos tomates y ponen ese precio sin importar a cuánto lo ha pagado el ganadero o agricultor. Desde ahí van descontando hasta que llega al agricultor».

UPA pide que se recupere el Observatorio de la Cadena Alimentaria y ese índice, que sean oficiales y que se hagan mensualmente. «La única solución para la cadena alimentaria es que haya más transparencia. Estamos viendo unas prácticas abusivas que nos han traído hasta aquí y ser transparentes es la única solución para acabar con ellas».

«Lo que no puede ser es que las industrias y las grandes cadenas de distribución estén dando cifras de beneficio millonarias año tras año y los ganaderos y agricultores estén cerrando miles de explotaciones cada año», lamentan. Mientras, a los agricultores y ganaderos no les llega, y por ello exigen «un reparto equitativo de esos precios que pagan los consumidores».

Diego Yuste señala que la diferencia en muchas ocasiones se trata de unos «céntimos» y que lo que piden no es que los precios en el campo tengan que «multiplicarse o duplicarse», sino que es cuestión de céntimos. «Entre que un ganadero reciba 29 céntimos por un litro de leche a que perciba 39 es la diferencia entre la ruina o la rentabilidad. Algo que no tendría impacto sobre la economía de las familias».

Los costes en la ganadería y agricultura son muy altos, señalan las dos asociaciones. Suben los costes de producción como energía, abonos. carburante. semillas, salarios y maquinaria. Por otro lado, la sequía que se produce cada dos por tres tampoco ayuda a estos trabajadores. Y a ello, se añade que los costes sanitarios y veterinarios son cada vez más caros. «Además, de que los sanitarios y veterinarios exigen cada vez más. Esto está bien porque implica más seguridad y calidad alimentaria, pero eso luego tiene un coste».

Y si es poco, denuncian que existen más exigencias medioambientales y comunitarias, menos inversiones de Bruselas y nuevas barreras comerciales, como la que impone EE UU al aceite o al queso.

Esto se complica más porque los precios que perciben los agricultores y ganaderos «no ha evolucionado». Yuste explica que, por ejemplo, en 1990 un tonelada de trigo costaba 154 euros del campo separado y en 2016 una tonelada de trigo costó 169 euros. Es decir, el precio subió un 1,9% en 26 años. «En ese periodo la inflación subió 117%. Esto se puede trasladar a otros muchos productos ganaderos y agricultores», agrega.

«Pedimos medidas legislativas, porque las llamadas de responsabilidad a las grandes industrias y grandes distribuidoras no son contestadas. Hay que hacerlo por la legislación», concluye.