Se entregó el minero que amenazó a viceministro boliviano que fue asesinado

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    09/02/2017 22:02:00
    Josue Caricari Quecaña aseguró ser inocente. Estaba prófugo de la justicia altiplánica desde agosto.


    El minero boliviano Josue Caricari Quecaña, quien amenazó de muerte al viceministro Rodolfo Illanes antes de que el funcionario fuera asesinado a golpes por manifestantes de ese sector, se entregó hoy a la Justicia y aseguró ser inocente.

    Caricari, quien se encontraba prófugo desde agosto pasado, se presentó voluntariamente en la Fiscalía Departamental de La Paz, acompañado por el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

    “Mi persona no ha actuado en ningún momento en ese cometido. Estamos seguros de que la Justicia va a hacer lo que corresponde para que mi verdad sea difundida porque al final quien nada ha hecho nada teme”, dijo Caricari a los medios.

    “He estado durante este tiempo buscando justicia, buscando quién me apoye, quién pueda de alguna forma ser nexo para que vaya adelante este proceso”, agregó.

    El minero es uno de los principales sospechosos del asesinato del viceministro debido a que, horas antes del suceso, hizo declaraciones públicas en sentido de que Illanes pagaría con su vida si había nuevos enfrentamientos o moría otro minero.

    La Fiscalía lo acusa por los supuestos delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte ilícito de explosivos y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado.

    Caricari acudió al Ministerio Público un día después de que el senador opositor Arturo Murillo difundiera un reporte de las llamadas telefónicas que hizo Illanes desde su celular el día en que fue secuestrado, torturado y asesinado a golpes por mineros de cooperativas.

    En dichas llamadas, el viceministro supuestamente hizo peticiones de ayuda a las autoridades para evitar un agravamiento del conflicto y decía que su vida estaba en grave peligro.

    El suceso ocurrió el pasado 25 de agosto, cuando el viceministro se trasladó a la localidad de Panduro, a 180 kilómetros de La Paz, para intentar dialogar con los mineros que bloqueaban la carretera en rechazo de una ley que permite la creación de sindicatos en las cooperativas por considerarla perjudicial para esas organizaciones.

    El conflicto también se saldó con las muertes de cuatro mineros por heridas de bala sufridas durante las operaciones policiales que buscaban desbloquear las carreteras, y de un quinto por mala manipulación de explosivos.

    La Fiscalía ha imputado por el crimen hasta el momento a 14 personas, incluidos el excomandante de la Policía de La Paz José Luis Araníbar y 13 mineros, mientras que no hay ningún acusado por las muertes de los cooperativistas.