Una exdirectiva del FC Barcelona reclama un millón al Canal de Isabel II por un negocio fallido

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    ÁNGEL CALLEJA

    • La dueña de la constructora asturiana Essentium exige la compensación pactada por su salida de la operación de compra de una empresa brasileña.
    • El promotor fue Edmundo Rodríguez, cargo de confianza del expresidente madrileño y del Canal Ignacio González que aparece en los Papeles de Panamá.

    La empresaria y exdirectiva del Fútbol Club Barcelona Susana Monje ha llevado a los tribunales al Canal de Isabel II para demandarle el pago de un millón de euros en virtud del contrato firmado entre la constructora de la que es propietaria, el grupo asturiano Essentium, y la madrileña de aguas para la adquisición de la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por 21,4 millones de euros, un negocio en el que la empresa de Monje finalmente no participó y que fue impulsado por el exdirectivo del Canal Edmundo Rodríguez, cesado en sus funciones tras aparecer en los Papeles de Panamá.

    La reclamación, que se inició con un burofax y exige la indemnización pactada (un 5% del monto total) en caso de que uno de los dos socios no participase finalmente en el negocio, ha recaído en el juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid. Este notificó hace veinte días al Canal para que aportase la documentación necesaria con la que defenderse, según han confirmado fuentes del caso a 20minutos.

    La corporación aduce en su defensa que el contrato de compensación entre Inassa, la sociedad colombiana participada dirigida por Edmundo Rodríguez a través de la que se hizo la operación, y Essentium nunca fue conocido por la Dirección y que los poderes de su exdirectivo le impedían rubricar acuerdos de importe superior a 200.000 dólares estadounidenses (193.077 euros al cambio vigente). Por este motivo, la Gerencia ha dado orden a los servicios jurídicos de emprender acciones legales contra Rodríguez por posibles delitos de administración desleal y malversación, explicaron desde el Canal a este diario.

    El exdirectivo, hombre de confianza del expresidente de la Comunidad de Madrid y del Canal Ignacio González, salió del Canal en abril. Los nuevos gestores designados por el Gobierno de Cristina Cifuentes prescindieron de él por “pérdida de confianza”. Ahora, el también abogado les reclama 580.000 euros como ejecución de su contrato mercantil, tal y como permite la ley colombiana, aunque el Ejecutivo autonómico no está dispuesto a abonarle ninguna cantidad.

    El equipo de Cifuentes -en concreto, el consejero de Presidencia y responsable del Canal Ángel Garrido- también relevó de sus cargos a María Fernanda Richmond, directora Financiera y de Desarrollo de la entidad, y a Fernando Cevallos, director de Recursos, como supervisores directos de Edmundo Rodríguez y responsables directos de la compra de Emissao Engenharia e Construçoes, que resultó, a la postre, un negocio ruinoso para el Canal de Isabel II. La corporación incluso lo ha llevado a la Fiscalía por distintas sospechas de ilegalidad. Cevallos y Richmond, sin embargo, sigen en la casa como técnicos, ya que son personal con estatus de funcionario.

    Pérdidas de 15 millones

    Inassa adquirió el 75% de Emissao, radicada en Río de Janeiro y especializada en infraestructuras del agua, a finales de 2013. La operación solo pasó dos veces por el Consejo de Administración del Canal: una, en febrero de ese año, cuando se aprobó la operación con Essentium como partner, y otra en octubre, para dar el visto bueno definitivo, ya con la constructora asturiana fuera del trato.

    La Dirección señala que, durante ese procedimiento, se le ocultó un informe externo (una due dilligence, en argot de negocios, o estudio económico, financiero y legal que se realiza de manera muy habitual para valorar la adquisición de una compañía) que alertaba de los “riesgos” de la operación.

    Los 21’4 millones en los que se valoraron las acciones fueron abonados a los propietarios de Emissao en tres pagos, dos de los cuales se hicieron en bancos de Suiza y uno, en Brasil, circunstancia que llevó a la Comunidad a sospechar.

    El valor del paquete del Canal descendió de esos 21,4 millones a 5 millones (-15 millones) en apenas 12 meses con motivo de las dificultades econonómicas de la brasileña.

    El Canal atribuye un 50% de ese deterioro al “riesgo país”, entendiendo como tal los problemas de la economía carioca, que daba ligeros síntomas de colapso en 2013, y el descenso de los precios del petróleom del que Brasil es productor. El otro 50% (10 millones de euros que el Canal espera recuperar tras haber sometido la empresa, de 1.300 empleados, a un plan de reestructuración) corresponde, según la Dirección, a una “errónea o muy deficiente valoración” de la compañía por parte de quienes plantearon su compra.